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La implantación obligatoria de los nuevos Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), conocidos popularmente bajo la modalidad Veri*Factu, vuelve a ajustar su calendario oficial. El Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han redefinido los plazos de exigencia efectiva que inicialmente apuntaban a julio de 2025 para el conjunto del tejido empresarial.
Lejos de responder a una marcha atrás en la lucha contra la economía sumergida o en las directrices de la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, esta reprogramación obedece a una serie de condicionantes técnicos, legislativos y logísticos de gran complejidad. A continuación, analizamos desde una perspectiva técnica y normativa las cuatro razones fundamentales que explican este nuevo escenario y cómo queda la hoja de ruta para empresas y profesionales autónomos.
El aplazamiento no deroga el reglamento Veri*Factu (Real Decreto 1007/2023) ni suspende las sanciones por software de doble uso vigentes desde 2021. Se trata de una prórroga técnica para sincronizar el software de facturación con la Ley Crea y Crece, conceder margen a los desarrolladores y permitir un despliegue escalonado en 2026.
El Real Decreto 1007/2023, aprobado en Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2023, fijó las bases reglamentarias de los sistemas informáticos de facturación. Sin embargo, su propia Disposición Final Cuarta supeditaba la aplicación práctica a una posterior Orden Ministerial dictada por el Ministerio de Hacienda, encargada de detallar la arquitectura informática exacta:
El texto del Real Decreto concedía a los fabricantes de software un plazo de 9 meses desde la publicación de dicha orden ministerial para adecuar sus aplicaciones. Debido a la complejidad de las consultas técnicas, las alegaciones de la industria del software y los trámites de audiencia pública, la publicación definitiva de la orden acumuló meses de retraso respecto a las previsiones iniciales. Por puro cómputo administrativo, el límite inicial del 1 de julio de 2025 resultaba matemáticamente inviable para que los desarrolladores certificasen sus productos con plenas garantías jurídicas.
En paralelo a la normativa fiscal de Hacienda, el Ministerio de Economía tramita el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece), que introduce la obligación universal de la factura electrónica entre empresas y profesionales (B2B) con fines de lucha contra la morosidad comercial.
Aunque ambos proyectos persiguen la digitalización mercantil, operan sobre planos técnicos distintos pero convergentes:
Las principales confederaciones empresariales (CEOE, CEPYME) y los colegios profesionales de asesores fiscales y gestores administrativos advirtieron al Gobierno del grave riesgo de saturación económica si ambos calendarios colisionaban de forma descoordinada. Exigir dos reformas informáticas independientes en un intervalo de pocos meses habría multiplicado los costes para las microempresas. El aplazamiento persigue armonizar técnicamente ambos marcos normativos para que una pyme pueda acometer una única adaptación integral en su software de gestión.
La estructura productiva de España se apoya en más de 3,3 millones de autónomos y microempresas. En sectores con alta rotación de cobros diarios en mostrador —como la hostelería y restauración, el comercio tradicional de proximidad, las panaderías y los servicios personales—, un porcentaje significativo del parque instalado de terminales opera todavía con cajas registradoras electromecánicas, balanzas desconectadas o programas de escritorio obsoletos sin soporte del fabricante.
Las asociaciones del sector TIC y los distribuidores de informática alertaron sobre la imposibilidad material de renovar o reprogramar millones de puestos de venta en un margen estrecho de meses. Un cuello de botella en las plantillas de los instaladores técnicos habría abocado a decenas de miles de pequeños establecimientos a una situación involuntaria de incumplimiento al llegar la fecha límite. La ampliación de plazos permite una transición ordenada y escalonada por parte de los servicios técnicos de proximidad.
Desde el punto de vista de la administración tributaria, Veri*Factu representa un reto de infraestructura telemática de escala colosal. La modalidad voluntaria de envío en tiempo real supondrá la recepción, almacenamiento criptográfico y procesamiento de cientos de millones de registros de facturación diarios procedentes de toda España.
Para garantizar la fiabilidad del servicio y evitar caídas en horas punta comerciales, la Agencia Tributaria requería un periodo de maduración más extenso para su entorno de pruebas (*sandbox*). Este entorno permite a los desarrolladores de plataformas como BDP Software, ETPOS o FactoryPOS someter los envíos XML masivos a pruebas de estrés, comprobar la respuesta de validación y certificar que la verificación ciudadana mediante lectura de código QR funcione de manera fluida antes de hacer obligatoria la operativa en producción.
Tras las modificaciones introducidas en el borrador reglamentario y las comunicaciones del Departamento de Informática Tributaria, el calendario se articula en una estructura progresiva por perfiles de obligado tributario:
| Sujeto Obligado | Plazo Inicial (RD 1007/2023) | Nuevo Horizonte Previsto | Obligación Principal |
|---|---|---|---|
| Fabricantes y Desarrolladores de Software | 9 meses tras Orden HAC | Julio de 2025 | Comercializar exclusivamente software 100% certificado con declaración responsable. |
| Empresas (Impuesto de Sociedades) | 1 de julio de 2025 | Primer semestre de 2026 | Tener operativos en caja sistemas SIF adaptados y con código QR en factura. |
| Autónomos y Personas Físicas (IRPF) | 1 de julio de 2025 | Segundo semestre de 2026 / 2027 | Adaptación progresiva de terminales para trabajadores por cuenta propia. |
Para más detalles sobre los plazos normativos, puedes seguir la evolución actualizada en nuestro artículo del Calendario Oficial de Veri*Factu.
Un error de interpretación frecuente entre los empresarios es confundir la moratoria técnica de los códigos QR de Veri*Factu con la permisividad hacia los programas de gestión no transparentes.
Es crucial diferenciar dos planos jurídicos:
Por tanto, aquellos establecimientos que continúen utilizando cajas registradoras obsoletas con funciones de borrado de tickets o software sin trazabilidad ya están expuestos a inspecciones y penalizaciones con arreglo a la ley actual.
No. El Real Decreto 1007/2023 está aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El proyecto cuenta con el respaldo de las directivas europeas de digitalización tributaria e interoperabilidad fiscal. La prórroga es de carácter estrictamente técnico y temporal para asegurar un despliegue viable.
Afecta a todas las sociedades y profesionales autónomos sujetos al régimen fiscal de la AEAT. Con el nuevo calendario escalonado, las personas jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades dispondrán de margen hasta 2026, mientras que las personas físicas y autónomos en IRPF se incorporarán en una segunda fase prevista para 2027.
Si tu negocio ya cuenta con una versión adaptada —como por ejemplo las versiones actualizadas de BDP o ETPOS—, tu sistema ya cumple con las exigencias de inalterabilidad. No tendrás que realizar inversiones apresuradas en el futuro y tu operativa continuará sin interrupciones cuando el reglamento entre formalmente en vigor.
Los expertos y empresas de soporte técnico aconsejan aprovechar este periodo de margen para realizar la transición con tranquilidad. Esperar a la cercanía del plazo final suele conllevar saturación de los instaladores autorizados, demoras en el suministro de terminales e impresoras compatibles y dificultades para formar al personal de venta.
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